El responsable del Observatorio afirmó, en declaraciones a Servimedia, que "se trata de una política de incentivo real a favor de la implementación de la responsabilidad social en la cadena de valor, uno de los aspectos más conflictivos en los procesos de producción actuales".

Vázquez considera que, con esta medida, "las empresas realmente van a desarrollar procesos de vigilancia y control sobre los impactos medioambientales y en los derechos humanos provocados por sus proveedores".

Para Vázquez, esto es un elemento crítico en un momento en el que la globalización de la economía ha llevado a que las empresas se decanten por procesos de "terciarización" de sus sistemas productivos.