Así lo solicitó en una sesión informativa en la que presentó los principales resultados del informe sobre la ‘Capacidad de respuesta y preparación para abordar las necesidades relacionadas con las drogas de los ucranianos desplazados en los países de la UE limítrofes con Ucrania’, centrado principalmente en las intervenciones relacionadas con las drogas para las personas con patrones de uso de “alto riesgo”, incluidos los servicios de reducción de daños, así como las intervenciones para prevenir y tratar las enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas.

El objetivo del estudio fue “auditar” la respuesta inicial del servicio a las necesidades de las personas desplazadas de Ucrania en sus países vecinos de la UE e identificar los factores que pueden ayudar a estos países a estar “mejor preparados para las posibles necesidades futuras en este ámbito”.

El análisis, que se desarrolló entre abril y mayo de este año, se basa en una encuesta realizada a 24 centros nacionales de vigilancia de las drogas, una revisión de la literatura de código abierto, grupos focales, reuniones de expertos y un ejercicio basado en modelos matemáticos.

También subraya que los sistemas nacionales de salud de los países limítrofes con Ucrania han tenido que adaptarse “rápidamente” para responder a las necesidades de estas personas a pesar de que ya estaban sufriendo el “impacto” de la pandemia.

Uno de los primeros pasos fue garantizar el acceso a los medicamentos contra el VIH para los necesitados, especialmente aquellos que ya estaban recibiendo estos tratamientos en Ucrania, y dar “prioridad” a la sensibilización sobre los servicios de drogas disponibles.

El estudio encontró que, hasta ahora, un número “relativamente bajo” de personas desplazadas están accediendo a servicios de enfermedades infecciosas en los países limítrofes. Además, dado que el VIH y la hepatitis viral han representado durante años un “grave desafío de salud pública” en Ucrania, se incidió en la necesidad de la terapia antirretroviral (TARV), la continuidad del tratamiento antiviral de acción directa (DAA) y las pruebas.

Entre las posibles “barreras” a la atención identificadas para este grupo se encuentran las lingüísticas y culturales; las cuotas y suministros limitados de medicamentos en algunos países limítrofes y garantizar la continuidad de la atención a las personas en situación temporal o en tránsito.

A este respecto, el estudio insiste en la necesidad de que los Estados miembro elaboren planes de contingencia para “posibles aumentos futuros” de la demanda de servicios generados por un incremento de desplazados y considera que dichos servicios “deben ser apropiados” para las mujeres que consumen drogas y que son mayoría entre los desplazados, así como para quienes han tenido “experiencias traumáticas” con el consumo de sustancias.

En paralelo, reclama medidas para garantizar que los servicios cuenten con “capacidades financieras, lingüísticas y de traducción adecuadas”.