OCTA engloba a casi medio centenar de organizaciones e instituciones sociales con el objetivo común de la protección de la infancia en el ámbito de la comunicación.

Con motivo del futuro real decreto para el desarrollo de la Ley del Cine aprobada el pasado año, esta organización pide al Gobierno que "siga el ejemplo de otros países europeos, extendiendo tambiénrestricciones a la adquisición y alquiler de obras audiovisuales y videojuegos clasificados para mayores de edad".

El Observatorio pide "una revisión en profundidad del actual procedimiento para la calificación de las obras cinematográficas, de modo que la composición de la comisión encargada de esa calificación esté formada por representantes de organizaciones sociales, de padres y madres, de espectadores o de infancia, tal y como ocurre en diferentes órganos consultivos existentes en el ámbito de la sociedad de la información y como es práctica habitual en otros estados de la Unión Europea".

"Ello implica también contar con un Código de calificación que sea público y que dote de mayor transparencia y rigor al procedimiento de calificación. En la actualidad, en la composición de esa comisión no queda demasiado claro el criterio para la elección de los miembros", apunta OCTA.