El juez togado militar número 24 de Granada, que dictó una orden de busca y captura, decretó su detención e ingreso en prisión sin tener en cuenta que José Luis Salazar era objetor de conciencia legalizado desde 1988.

Tras su objeción legalizada, Salazar Burgos firmó con otros compañeros un documento de autoinculpación y apoyando públicamente a un insumiso, José María Gómez, y a varios desertores.

Según los colectivos antimilitaristas de Torrejón de Ardoz, su detención por un juez militar es ilgal, ya que José Luis Salazar Burgos es civil.

Esta es la primera vez que un objetor de conciencia legalizado es encarcelado en una prisión militar, al parecer por su condición de autoinculpado.

Para los colectivos antimilitaristas, esta situación pone de manifiesto "el acoso político que sufren las personas que se niegan a colaborar con el Ejército y las que públicamente rechazan la guerra".