El resultado de la votación, que permite abrir las puertas a la reforma de la actual Ley de Objeción, fue de 313 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

Durante la discusión de la proposición de ley, defendida por el diputado de CiU Carles Campuzano, los integrantes del Grupo Mixto coincidieron en reclamar que al debate de la refoma de la Ley de Objeción se sume, asimismo, el relativo a la despenalización de la insumisión al Servicio Militar.

Pablo Castellano, que habló en nombre de IU-IC, fue el más rotundo al reclamar "la salida inmediata de la cárcel de todos los insumisos".

La formación política más reacia a aprobar la iniciativa de CiU fue el PP. El diputado popular Julio Padilla advirtió, a pesar de que su grupo apoyó finalmente la propuesta, que lo hace con la vista puesta en que la misma sea objeto de un debate má amplio.

La postura popular quedó clara en las palabras de Padilla: "El Grupo Popular disiente de algunos de sus contenidos por razones de inoportunidad, por responsabilidad política y por coherencia con su propio discurso".

No obstante, apostilló que "el Gobierno ha sido sensible a la situación que se encontró de una bolsa muy importante de objetores, pero que les aseguro no es una bolsa nuestra".

Al respecto, Carmen del Campo, del Grupo Socialista, tras admitir que el Gobierno ha elaboradoun plan de choque para agilizar la prestación, indicó "también es cierto que con sus precipitadas declaraciones acerca de la profesionalización del Ejército han producido un engrosamiento repentino de la bolsa de objetores".

Margarita Uría, del PNV, fundamentó el apoyo de su grupo a la iniciativa de CiU en la resolución del Parlamento Europeo de 1994 sobre el carácter de voluntariedad del Servicio Militar y el "derecho de poder negarse en cualquier momento a realizar el Servicio Militar con o sin arma", arguyó.

El portavoz por Coalición Canaria, Luis Mardones, la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, y el diputado por el Bloque Nacionalista Gallego, Guillerme Vázquez, centraron sus respectivas intervenciones en la necesidad de que la insumisón desaparezca del Código Penal.