Martí Mingarro hacía referencia así a la petición de los obispos a abogados y jueces para que no tramiten divorcios, propuesta que recoge el Directorio de Pastoral Familiar de la Iglesia en España.

Según el decano, no se puede repudiar el ejercicio "libérrimo" de los prelados de expresar sus convicciones de conciencia, pero, añadió, no se puede obviar que España es un Estado laico, donde los abogados cuando son designados para defender los derechos de los ciudadanos "han de acerlo en el seno de la legislación laica y tutelando con todas sus fuerzas los derechos que la ley reconoce".

Martí Mingarro aclaró que si un abogado por cuestiones de conciencia no quiere implicarse en un divorcio puede hacerlo, "pero si lo admite no puede ampararse en escrúpulos de conciencia para no defenderlo conforme a todo el ordenamiento jurídico y los intereses de su cliente".

"La Constitución española establece un marco de derecho laico que creo que es un gran progreso de la civilizació y que, por lo tanto, la defensa de los derechos y los intereses de los ciudadanos ha de hacerse en ese marco, aplicándolo en plenitud; y quien tenga reparos en conciencia con ese marco laico que no asuma la defensa que le produce esos reparos".