Así lo aseguró en una entrevista a RNE recogida por Servimedia tras ser preguntado si la comisión independiente que los prelados han encargado al bufete Cremades & Calvo Sotelo es compatible con otras propuestas de comisiones planteadas por los políticos para desarrollarse en el seno de las Cortes o con expertos pero capitaneada por el Defensor.

"Sabemos que tenemos que hacer nuestro propio camino. Los pasos de la Iglesia se iniciaron antes de que se anunciaran las comisiones de investigación", añadió. Asimismo, subrayó que esas comisiones "están anunciadas" pero "todavía no están concretadas cómo podrían ser".

No obstante, Argüello insistió en el deseo del Episcopado "de colaborar con las autoridades judiciales, la policía, la Fiscalía y los tribunales y luego, con otros pasos que están dando las instituciones públicas". En este sentido, expuso, los obispos quieren que su colaboración sea "social" y recordó que la Iglesia española ha dado "pasos a lo largo del siglo XXI" que pueden servir de "referencia para otras instituciones y ámbitos" donde hay relaciones con niños y jóvenes, y "donde se producen, desgraciadamente, abusos".

"Queremos que resplandezca la verdad, para saber la verdadera dimensión", indicó, pero expuso por ejemplo que no todos los casos de las 68 investigaciones abiertas por la Fiscalía sobre este tipo de delitos corresponden a clérigos y que investigaciones como las realizadas en Francia sobre esta lacra donde se calcula que se han producido 300.000 víctimas en 70 años son "resultado de una proyección estadística" y que no existe un listado.

Aunque reconoció que "ciertamente podría haber llegado antes" la comisión independiente encargada a Cremades, subrayó que "en la Iglesia en los delitos pueden prescribir, como cualquier ciudadano, pero los pecados y estas conductas son lo que nosotros llamamos pecados, nunca prescriben" y que la institución "ha venido haciendo su trabajo" y que, aunque todas las víctimas no lo solicitan, "la reparación tiene que asumir todas las dimensiones", incluida la indemnización económica.

Finalmente, el portavoz de la Conferencia Episcopal animó a las víctimas a que denuncien a su agresor, "sobre todo si está vivo", acudan a alguna de las 70 oficinas que hay en las diócesis españolas y el centenar que han abierto las congregaciones religiosas para ayudarlas o a la nueva comisión independiente, "si creen que en el seno de la Iglesia no encuentran la confianza suficiente".