La Conferencia Episcopal difundió esta tarde un comunicado en el que adelanta el texto completo del capítulo de la pastoral dedicado al terrorismo, "ante el interés suscitado en los medios de comunicación". La instrucción pastoral completa será presentada la semana que viene.

Los obispos afirman en la pastoral que "el gobierno, los partidos políticos y todas las instituciones estatales tienen que trabajar conjuntamente, con todos los medios legítimos a su alcance, para que llegue cuanto antes el fin del terrorismo".

"Todos están obligados", añaden, "a anteponer la unión contra el terrorismo a sus legítimas diferencias políticas o estratégicas. A nadie le es lícito buscar ninguna ventaja política en la existencia de esta dura amenaza. Las instituciones sociales y religiosas, cada ciudadano, estamos, por nuestra parte, obligados a prestar nuestra colaboración específica en este inaplazable empeño".

Los obispos proclaman que "es objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas, con los que los apoyan, encubren o respaldan en sus acciones criminales".

A su juicio, una sociedad libre "no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político".

Por esa razón, "los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todos los asuntos referentes a la organización política de la sociedad y ceñirse a establecer las condiciones conducentes a la desaparición de la organización terrorista, en nuestro caso, de ETA".

Los prelados subrayan igualmente que "la exigencia primordial para la normalización de la sociedad y la reconciliación entre los ciudadanos es el cese absoluto de toda violencia y la renuncia neta de los teroristas a imponer sus pryectos mediante la violencia".

En su opinión, "la justicia, que es el fundamento indispensable de la convivenica, quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejercicio del terror".