Este documento es la respuesta de la Iglesia Española a una resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas. En ella se pide, entre otras cosas, la eliminación dela "prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales".

Además, incluye esta resolución que "se ponga fin a toda restricción de los derechos de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar niños".

A juicio de los obispos españoles, "el bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial, esencialmente heterosexual, como base ineludible de la familia. Por tanto, o es aceptable la legalización que equipare de algún modo las llamadas uniones homosexuales con el matrimonio".

"La ley civil", señalan, "deberá tolerar, en aras del orden público, lo que no puede prohibir sin ocasionar daños más graves. Pero esta tolerancia no podrá extenderse a los comportamientos que atentan contra los derechos de las familias y del matrimonio como institución".

Los obispos españoles afirman en su nota que "deploramos que las personas homosexuales sean todavía objeto de expresones malévolas, y mucho más, de acciones violentas. Condenamos con firmeza estos comportamientos que ignoran la dignidad de las personas y lesionan los principios más elementales de la buena convivencia civil".

"Pero hemos de decir", añaden, "que no se puede pedir a la sociedad que reconozca la condición o el comportamiento homosexual como una modalidad del ser humano comparable, por ejemplo, a las diferencias naturales de raza o sexo. Denunciamos como engañoso el intento de hacer creer a la opinión pblica que determinadas restricciones legales, como la prohibición del matrimonio y de la adopción, sean discriminaciones injustas para las personas homosexuales".