La declaración, que ha sido aprobada en la 213 reunión de la Permanente del Episcopado, subraya el deber de los obispos de pronunciarse públicamente sobre el aborto y "sobre sus graves implicaciones morales negativas".

"La mera voluntad de la gestante anula el derecho a la vida del que va a nacer", denuncian los obispos. "En las primeras catorce semanas, la gestante decide sobre la muerte del que va a nacer: la violación del derecho a la vida, tratada como si fuera un derecho".

Asimismo, el texto señala que la reforma del aborto que promueve el Gobierno utiliza "la salud como excusa para eliminar a los que van a nacer. Hasta la vigésimo segunda semana, ambiguas indicaciones médicos-sociales: la medicina y la sanidad, falseadas, al servicio de la muerte".

ELIMINACIÓN DE UN SER HUMANO

Por otro lado, los obispos afirman que "se niega o devalúa al ser humano para intentar justificar su eliminación. Frente a la evidencia de que donde hay un cuerpo humano vivo, aunque sea incipiente, hay un ser humano y una dignidad humana inviolable, se establecen plazos de gestación y de presencia humana de los que no es posible dar razón suficiente".

La Comisión Permanente del Episcopado también considera que la futura ley del aborto "no apoya a la mujer para ahorrarle el trauma del aborto y sus graves secuelas. Se facilita a las gestantes la eliminación de sus hijos, en lugar de proteger la maternidad y la familia para evitar que las mujeres se conviertan en víctimas del aborto".

Finalmente, los prelados señalan que "privar de la vida a los que van a nacer no es algo privado. Se deja al arbitrio individual la vida de los que van a nacer, en vez de reconocerla como un fundamental elemento constitutivo del bien común que merece protección y promoción".