"(...)De no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los mismos fines del apartado anterior (indagación o prevención), los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, pdrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas (comisaría) (...) por el tiempo imprescindible".

Gil-Robles inicia el epígrafe 4.2 "Derechos y libertades" (en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad) de su informe anual recordando lo que advirtió en la memoria correspondiente a 1990: "o se es libre o se está detenido" y si se está detenido en un centro policial, debe ser como autor de un supuesto delito.

Introduce esta reflexión al analizar las quejs que en materia de libertades ha recibido su departamento, para constatar que durante 1991 (antes de la entrada en vigor de la `Ley Corcuera') las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantuvieron la tendencia a "situar fuera del ámbito de la detención" traslados policiales en los que no hay toma de declaración al detenido o imputación de delito.

Pone como ejemplo la queja 9013694, recibida de un ciudadano que fue objeto de supuestos malos tratos en el cuartel de la Guardia Civil de San Andrés dela Barca (Barcelona), adonde había sido trasladado por una infracción del código de la circulación.

En su valoración de los hechos, la dirección general de la Guardia Civil reconoce que en este caso faltaron los presupuestos que pueden dar motivo a esa actuación policial y que están contenidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento criminal: imputación de hechos delictivos o toma de declaración.

Gil-Robles aprecia en esta contestación oficial un intento de generalizar fuera del ámbito de a detención actuaciones policiales a las que no se refiere ese artículo y añade que, como `modus operandi', debe rechazarse la "retención, por cuanto pudiese constituir una detención encubierta".

"Esta institución no entiende adecuada a la Constitución y a las leyes una interpretación de esta naturaleza y en consecuencia procede dar traslado al fiscal general del Estado de todos los supuestos de naturaleza semejante de que tenga conocimiento", concluye al respecto.

RECURSO: "LO ESTAMOS ESTUDIANDO" El pasado jueves, después de presentar formalmente el informe anual al presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, Alvaro Gil-Robles no quiso pronunciarse sobre si su departamento interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra la ley de seguridad ciudadana.

Se limitó a recordar que todavía se está a tiempo (tres meses de plazo desde el pasado 13 de marzo, día en que entró en vigor) y añadió: "lo estamos estudiando".

La actuación de Gil-Robles durante el proceso de trámite en Corts de la Ley de Seguridad Ciudadana fue duramente criticada por los partidos de oposición, por entender que se inmiscuyó demasiado en el debate político entre los partidos.

A él se le atribuyen varias reuniones con el ministro del Interior, José Luis Corcuera, para "suavizar" los polémicos artículos 20 y 21, contra los que el PP ya ha anunciado que interpondrá recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, CDS e Izquierda Unida, que no reúnen 50 diputados o senadores para recurrir, han pedido al Dfensor del Pueblo que presente un recurso (está facultado por la Constitución) para que no se consume ese "atentado contra las libertades de los ciudadanos".