García Martín subrayó que “vale realmente la pena el esfuerzo que realizamos desde la Comunidad de Madrid para conseguir que la mayoría de estos chicos y chicas se aparten del delito y encaucen sus vidas, aceptando esta segunda oportunidad que se les ofrece”.

En este sentido, el consejero agradeció “a los profesionales de este centro, así como al resto del personal de la Arrmi, la excepcional labor que realizan y que se traduce en que nueve de cada diez menores infractores, tras su paso por la agencia, no vuelven a delinquir”.

En las instalaciones de la Arrmi se cumplieron un total de 2.196 medidas judiciales, lo que supone una bajada del 5,5% respecto a 2022. De estas, las no privativas de libertad supusieron el 88,6% y el 11,4% restante, de internamiento.

Los datos de la memoria también reflejan un descenso en la mayoría de los tipos de delitos. Relevante especialmente es el atentado contra la autoridad, que cayó un 33%; el homicidio/asesinato –incluido el grado de tentativa-, un 21%; y el maltrato, un 12%. En general, se observa una disminución en aquellos que conllevan el uso de la fuerza física sobre otras personas.

La edad más habitual entre la población juvenil que entró a cumplir medidas judiciales sigue siendo 18 años (27,6%), seguida de 19 o más (24%) y 17 (22,8%). El grupo de 14 y 15 años no alcanzó el 8,6% con conjunto global.

En la búsqueda de su reinserción en la sociedad, un total de 592 menores participaron en el programa de inserción laboral de la Arrmi durante 2023 y a lo largo del año se firmaron 499 contratos de trabajo.

La Agencia desarrolla doce programas especializados, dos generales y diez específicos. En ellos se trabaja, entre otras medidas, la gestión del riesgo de reincidencia, el maltrato familiar ascendente, la atención a drogodependencias, la maternidad y paternidad responsables y la salud mental.