También tendrá en cuenta el número de miembros de la unidad familiar y que sus ingresos estén entre 1,5 a 3 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Especialmente se valorará a las víctimas de violencia doméstica, solicitantes que tengan a su cargo personas mayores o minusvalía, quienes tienen reservadas un 3% de viviendas.

La normativa, que cuenta con el consenso de todos los grupos políticos, modifica así el baremo de selección de adjudicatarios, que se basará en el análisis de las circunstancias personales del solicitante, socioeconómicas y sobre todo en la necesidad de vivienda.

El objetivo de esta nueva normativa es clarificar las condiciones y requisitos para acceder a las viviendas construidas por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), ya sean en venta o en alquiler.

Por otro lado, el reglamento incrementa a 20 años el derecho de tanteo y retracto ejercido por la EMV, que se realizará sobre el 100% de las transacciones que se produzcan de las viviendas protegidas en el mercado libre.

Igualmente, unifica los requisitos de acceso a la vivienda en régimen de venta y en régimen de alquiler, así como la definición unitaria de los requisitos para ser adjudicatario de vivienda con protección pública en cualquiera de los dos regímenes.