Así será porque la nueva ley establece un tope mínimo del 30% de plantilla estable para poder realizar trabajos en la construcción.

Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma que ha puesto en marcha este registro obligatorio tanto de forma presencial como telemática, según anunció hoy el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández.

Tanto la oficina virtual que permite realizar el trámite por Internet como el registro presencial, que se puede realizar en las ocho delegaciones provinciales de Empleo, están operativos desde el 23 de junio, y sólo otras tres comunidades autónomas (Cataluña, Madrid y La Rioja) han desarrollado una aplicación informática propia como ha hecho la Consejería de Empleo, que ha invertido 154.000 euros en esta web y ha dotado con diez técnicos específicos la atención para el registro, según destacó el consejero.

La nueva ley establece una horquilla de entre 2.046 euros y 40.985 euros de sanción grave para aquellas empresas que incumplan su acreditación en el registro, cuantía que aumenta con una horquilla de entre 40.986 euros y 819.780 euros para los casos de trabajos que implican riesgos especiales.

La Inspección de Trabajo se asegurará de que las empresas de la construcción estén acreditadas, con una previsión de 19.000 actuaciones para este año.