En la actualidad ya existe un procedimiento de reintegro en determinados casos, aunque en otros se produce un vacío legal. Con esta norma se pretende llenar dicho vacío, a la vez que se dota a estos supuestos de mayor seguridad jurídica.

El real decreto ofrece a la Administración un cauce "ágil y eficaz" para el cobro de las deudas pendientes sin menoscabo de las garantías de los interesados.