Actualmente, la base reguladora de la pensión está en el 48%, aunque el Gobierno, en virtud del Acuerdo de Pensiones firmado con CCOO y CEOE, la elevará hasta el 52% en enero de 2004.

Las viudas cobran un porcentaje (base reguladora) del sueldo del cónyuge fallecido. La subida del 48% al 60% de la base supondría la citada mejora del 25% en esta pensión.

Los grupos parlamentarios presetes en la Comisión del Pacto de Toledo acordaron que CiU se encargara de redactar el primer borrador con las nuevas recomendaciones, que ya ha sido remitido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, según confirmaron a Servimedia fuentes parlamentarias.

En dicho borrador, que está sujeto a modificaciones en el debate entre los partidos políticos, se insta al Gobierno, a fijar en el futuro una configuración distinta para la pensión de viudedad, de forma que se ligue más a las necesidades de la viuday no tanto al hecho de haber estado casada.

El fin es que haya una "pensión más individual", según indicaron las citadas fuentes, quienes explicaron que se persigue que esta prestación tenga un tratamiento distinto al actual, donde se concede en el momento de la muerte del cónyuge, con independencia del nivel de renta.

Asimismo, se vuelven a plantear recomendaciones que aún no han sido cumplidas o aspectos en los que se quiere incidir, como la separación de las fuentes de financiación de la Segurdad Social o un incremento de las prestaciones más bajas.

El borrador incluye una visión más amplia sobre la problemática de la protección social, con el fin de atender las nuevas formas familiares y la nueva realidad laboral, en el sentido de mayor temporalidad y la extensión de los contratos a tiempo parcial.

Se debe propiciar protección a estas situaciones y así lo recomendará el nuevo Pacto de Toledo, que permitiría dar cobertura, por ejemplo, a parejas de hecho o personas que no alcanzan la otización suficiente por haber tenido contratos a tiempo parcial.

Además, se emplaza al Gobierno a aprobar una Ley Básica sobre Dependencia que dé cobertura a discapacitados y personas mayores, garantizando financiación suficiente y el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

Otras fuentes consultadas por Servimedia afirmaron que el nuevo Pacto de Toledo se articulará en dos partes: la primera se dedicará a la adaptación de las recomendaciones existente, mientras que la segunda incluirá los nuevos mandatos al Gobierno.