La convocatoria de elecciones generales el pasado mes de julio y la tardanza en conseguir un candidato investido presidente del Gobierno -primero lo intentó, sin éxito, Alberto Núñez Feijóo y después se presentó Pedro Sánchez, quien fue designado- han hecho que el proceso presupuestario vaya a destiempo hasta el punto de que el nuevo año comienza con las nuevas cuentas en proceso de elaboración.

A mediados de diciembre se aprobó en el Consejo de Ministros el conocido como ‘techo de gasto’ -límite de gasto no financiero- y la senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública, que suponen el pistoletazo de salida para elaborar los Presupuestos. El ‘techo de gasto’ volverá a ser récord, con 199.120 millones de euros incluyendo los fondos europeos, un 0,5% superior al de 2023.

El déficit de todas las administraciones públicas, que se prevé que cierre en el 3,1% en 2023, será del 3% para 2024, bajará al 2,7% de 2025 y al 2,5% en 2026, tal y como se remitió a Bruselas en el Programa de Estabilidad el pasado mes de abril. La administración central tendrá un déficit del 2,7% en 2024, en favor de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tendrán flexibilización con respecto a lo remitido a Bruselas en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, y dispondrán de un déficit de una décima para las autonomías, frente al equilibrio previsto en abril, y equilibrio para las entidades locales, frente al superávit de dos décimas establecido en abril.

EQUILIBRO EN AUTONOMÍAS Y AYUNTAMIENTOS

Para 2025 y 2026, las comunidades y los ayuntamientos tendrán equilibrio, mientras que la administración central bajará su déficit al 2,6% y 2,5%, respectivamente En el caso de la Seguridad Social, para este subsector se espera un déficit de dos décimas el próximo año, de una en 2025 y equilibrio en 2026.

En cuanto a los objetivos de deuda pública, la previsión es terminar 2023 en el 110% del PIB, que en 2024 baje al 106,3%, al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026. Estas cifras son casi tres puntos menos en 2024 y 2025 y otros dos menos en 2026 con respecto a lo recogido en el Programa de Estabilidad de abril.

Una vez que la senda de estabilidad y el ‘techo de gasto’ reciben luz verde en el Consejo de Ministros, la primera se envía a las Cortes para su aprobación, y dado que el PP ostenta la mayoría absoluta en el Senado podría bloquearla.

No obstante, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisó de que, si el PP bloquea la senda hasta en dos ocasiones, se volvería a la que se plasmó en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, más exigente, a tenor de un informe jurídico de la Abogacía del Estado que maneja. Con ello, la tramitación se podría dilatar en el tiempo.

Pese a eso, Montero mantiene que los Presupuestos los tendrá listos hacia el final del primer trimestre o principios de abril.

PRÓRROGA DE 2023

Mientras tanto, se aplicarán los de 2023, una vez aprobados los criterios para aplicar la prórroga y dando cumplimiento al artículo 134 de la Constitución donde se determina que, si no se ha aprobado una nueva ley de Presupuestos el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de unas nuevas cuentas públicas.

No obstante, para favorecer la absorción de los fondos europeos, y de manera transitoria hasta la aprobación de los nuevos Presupuestos, se incluye como requisito previo al inicio de nuevos expedientes de gastos asociados a estos fondos que los departamentos ministeriales y sus organismos adapten los créditos que tuvieran prorrogados a la anualidad para el año 2024 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se hará mediante las oportunas transferencias de crédito desde los que figuren en el Presupuesto prorrogado a los créditos que se acomoden a dicho plan.