Las compensaciones económicas a que fueron condenadas en ese periodo por los Juzgados de lo Social resultaron un 42 por ciento más costosas que las establecidas en el mismo periodo de 1991, a pesar de que las demandas planteadas disminuyeron.

Los casos que llegaron a los tribunales ascendieron a 220.108, delos que 79.445 acabaron en sentencia favorable total o parcialmente al trabajador, 61.360 en pronunciamientos a favor de las empresas y en el resto hubo conciliaciones o desestimientos.

De las cantidades pagadas por las empresas, 23.723 millones correspondieron a desembolsos por indemnizaciones derivadas de los despidos considerados improcedentes o mal compensados económicamente por los demandantes.

El coste de estas indemnizaciones crecieron un 43 por cien. El total de demandas de despido interpestas llegaron a las 34.051, de las que 13.642 concluyeron con sentencia favorable a los trabajadores y 7.587 con acuerdos de conciliación.

Por lo que se refiere a los pleitos no relacionados con despidos, destacan los 38.131 millones de pesetas que se vieron obligadas a pagar las empresas por todo tipo de conflictos individuales, como los derivados de la imposición de sanciones.

El resto, 2.019 millones, fueron reconocidos en demandas presentadas por asalariados en relación con cuestiones relatias a afiliación, cotización, prestaciones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

POR COMUNIDADES

Por comunidades, fueron los Juzgados de lo Social de Madrid lo que dictaron más indemnizaciones, hasta totalizar 13.518 millones de pesetas por todos los conceptos, más del doble que en el mismo periodo del 91.

A continuación se situaron Cataluña (11.648 millones), Comunidad Valenciana (8.475), Andalucía (5.664), País Vasco (5.475), Aragón (3.558), Galicia (2.662), Canarias (2.364), Catilla y León (2.016), Baleares (1.835). Castilla La Mancha (1.443), Asturias (1.180), La Rioja (923), Murcia (896), Extremadura (869), Navarra (648), Ceuta y Melilla (192) y Cantabria (501).