El juez de la Audiencia orensana decidió reiniciar la instrucción del sumario y la realización de un nuevo juicio ante la aparición de nuevas pruebas aportadas por el ministerio fiscal y los abogados defensores de los técnicos acusados, que demuestran que las obras fueron adjudicadas por el delegado de Política Territorial en Orense, Amador Vázquez, en diciembre de 1993, varios meses después de que estuviesen realizadas.

De este modo, se viene abajo el argumento esgrimido por la unta, que negó la existencia de dicha adjudicación y responsabilizó de las irregularidades a los técnicos Fernado Villacé y Celestino Alvarez, al cura de la parroquia de Tamaguelos, Felixindo Rodríguez, y al constructor José Luis Carrajo. Hasta la suspensión del juicio, todos comparecían en el juicio como acusados.

Antes de la suspensión del juicio, el fiscal acusó al delegado de Política Territorial y a los técnicos de Fernando Villacé y Celestino Alvarez de un delito continuado de falsedad en documeto oficial y prevaricación.

Al cura Felixindo Rodríguez y al constructor José Luis Carrajo los acusó de un delito de prevaricación por inducción, por los que solicitaba 8 años de inhabilitación y 6 de prisión menor.