En esta ocasión la empresa que presentó la demanda fue Larios y de nuevo el más alto tribunal ha negado sus argumentos, que equiparaban a las Cámaras a otro tipo de asociaciones. Su sentencia crea jurisprudencia.

El Consejo Superior de Cámaras en un comunicado desautorizó "aquellas voces que están incitando a la desobediencia legal del pago de las cuotas de las Cámaras".

Según este organismo, las empresas que recurran se verán obligadas no sólo a pgar una cantidad bastante superior a la cuota, como el coste del aval y los intereses de demora, sino también los gastos judiciales correspondientes.

El Tribunal Supremo ha reiterado que las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación son corporaciones de derecho público, con posibilidad de ostentar competencias de Administración pública, bien por atribución legal o delegación administrativa, por lo que quedan claramente distinguidas de las simples asociaciones.