La oficina anti-fraude, que tendrá amplios poderes para investiar sobre cualquier institución europea, gozará de una completa independencia operacional, aunque su personal proceda de la Comisión Europea, y sus responsables podrán acudir al Tribunal Europeo de Justicia si ven amenazada esta independencia.

El nombramiento del director de la nueva oficina se retrasará, ya que los eurodiputados y los Estados miembros tendrán el derecho de veto sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario, y se encargarán también de decidir los componentes del comité de supervisión, ecargado de controlar el trabajo de la nueva oficina anti-fraude.