El Real Decreto establece que las estaciones de medición podrán designarse o ponerse en funcionamiento tanto por la Administración del Estado como por las Comunidades Autónomas y, cuando corresponda, con las Entidades Locales. Los resultados se comunicarán a la Unión Europea.

Este Decreto incluye cinco anexos en los que se especifican los criterios sobre el emplazamiento de las estaciones de medición y para la realización de las mediciones, se determinan los umbraes de concentración de ozono en el aire y el contenido mínimo de la información necesarios para la población.