La manifestación, que se celebrará con el lema "Por un Madrid habitable. M-30 No. No más coches. No más talas. No más mentiras", quiere concentrar a los ciudadanos madrileños descontentos con las políticas del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

La concentración había sido convocada inicialmente por la Plataforma contra la M-30 y el Foro por la Movilidad Sostenible, pero las asociaciones vecinales antiparquímetros han decidido sumarse porque consideran que su problema tiene su origen en las obras que la M-30, que suponen un coste muy elevado y obligan al ayuntamiento a obtener recursos por otras vías.

Para las plataformas vecinales, la extensión de los parquímetros a sus barrios forma parte de una maniobra recaudatoria del ayuntamiento por el elevado coste de las obras de la M-30. "Es una fórmula de financiación del Ayuntamiento de Madrid a través de los parquímetros y las multas que se ponen", denunció Juan Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto.

Los colectivos antiparquímetros convocantes critican la actitud del ayuntamiento y mantienen su disposición a dialogar con el ayuntamiento, pero, para que no haya vencedores ni vencidos, proponen volver a la situación anterior al 1 de marzo, cuando se extendió el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los barrios periféricos.

Además, las plataformas de vecinos denuncian que en las últimas semanas ha habido un aumento de la vigilancia y represión en los barrios afectados, destinando Policía Municipal a controlar los parquímetros, en detrimento de las auténticas necesidades de seguridad de Madrid, como los propios sindicatos policiales han reconocido. Los vecinos denuncian que incluso se está utilizando a detectives privados para "amedrentar a los vecinos y sus representantes".