En un encuentro con periodistas, Palao confirmó que los puertos españoles lograrán la plena autonomía financiera dentro de cinco años y que la memoria de la ley enviada a las Cortes propone al Ministerio de Hacienda que sufrague ada ejercicio el coste adicional al que deberán hacer frente los puertos españoles.

La nueva carga presupuestaria de los 32 puertos de interés general a los que hace referencia la futura ley asciende a 8.000 millones de pesetas, que a un ritmo de 2.000 millones menos por año deberían cubrirse con los Presupuestos Generales del Estado.

Con la propuesta del MOPT, que actualmente está estudiando Hacienda, el Gobierno pagaría 8.000 millones el primer año de vigencia de la nueva normativa, 6.000 milloes el segundo, 4.000 millones el tercero y 2.000 millones el último. A partir de esa fecha, el ministerio prevé que los puertos se autofinancien.

El sobrecoste que supondrá la Ley de Puertos para los gestores de estas instituciones procede del abono de 1.500 millones por los pagos a la Seguridad Social que arrastrarán las 1.345 personas que deberán convertirse en personal laboral del nuevo ente público que se creará para coordinar la gestión autónoma de los puertos.

Además, el ente público Puerto del Estado deberá hacer frente a unas inversiones de 3.300 millones de pesetas en mejoras del sistema de señalización de las instalaciones portuarias y a la compra del edificio que albergará su sede central, lo que supondrá otros 3.200 millones, aproximadamente.

Entre los recursos con los que cuentan los puertos objeto de la nueva legislación para hacer frente a sus necesidades financieras, están los ingresos obtenidos por sus servicios e inversiones financieras, la imposición de sanciones por el incmplimiento de las normas y la explotación de las instalaciones portuarias para fines que no son los estrictamente derivados de la actividad marítima.

Esos canales de financiación representaron en 1991, para los puertos de interés general, unos ingresos de 74.200 millones de pesetas, con unos resultados brutos de explotación de 26.000 millones de superávit.

De esta cantidad, aún deberán descontarse 5.000 millones para hacer frente a los pagos de la Seguridad Social que conlleva el traspaso al régien general del antiguo montepío de puertos. Durante el pasado año, los puertos comerciales españoles realizaron inversiones por valor de 40.000 millones, de los que sólo 3.000 fueron pagados por el Estado.

Las previsiones para 1992, según explicó Palao, apuntan a la obtención de unos ingresos cercanos a los 81.000 millones, de los que se obtendrán unos resultados antes de impuestos de 37.000 millones de pesetas.

Con estos recursos y la previsible reducción de costes que se producirá este año, lospuertos harán frente a unas inversiones de 46.000 millones, de los que la Administración central financiará 2.500 (1.500 para el puerto de Sevilla y 1.000 para el de Barcelona).