La nueva ley, aprobada por el Congreso el pasado 26 de junio, desarrolla las recomendaciones del Pacto de Toledo y del acuerdo sobre pensiones alcanzado en octubre por el Gobierno y los sindicatos.

Entrelas novedades más significativas están la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la paulatina ampliación, hasta 15 años, del período que se tiene en cuenta para calcular la pensión y la separación de las fuentes de financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas.