Según señaló hoy en rueda de prensa el subsecretario de Hacienda, Francisco Uría, la vigente Ley de Patrimonio era de las pocas que quedaban de la época preconstitucional (1964) y necesitaba una adaptación a la actual configuración administrativa española, con comunidades autónomas y oranismos públicos diversos que antes no existían.

La futura ley introduce mecanismos de "diálogo" entre administraciones para evitar situaciones como la actual, que en una misma ciudad haya diversos organismos públicos o administraciones que desean vender o comprar edificios para uso público sin que unos sepan las intenciones de los otros.

Con la nueva ley, según Uría, habrá una coordinación de todas estas operaciones inmobiliarias de la Administración pública, lo que permitirá resolver muchas necsidades en este ámbito "sin tener que pasar por el mercado".

Otra de las novedades del anteproyecto, que ha recibido el dictamen favorable del Consejo de Estado, es que propicia la celebración de convenios entre distintas administraciones para facilitar que suelo o inmuebles públicos sean destinados a la construcción de viviendas sociales.

Además, la Administración podrá sacar a concurso (hasta ahora sólo subastar) patrimonio público para construir viviendas sociales de acuerdo con los criterios ue se establezcan en el pliego de condiciones, lo que significa que el vendedor público no dependerá únicamente del precio más alto a la hora de adjudicar.