La futura ley abarcará toda la legislación sobre infancia, ahora dispersa en varios textos, y regulará tanto el ámbito de los menores desprotegidos o en riesgo como el del resto de los niños.

Según explicó Simó, la nueva ley quiere situar al menor en el centro del sistema, adecuando tanto éste como los recursos existentes a las necesidades de los niños y no a la inversa, configurando un modelo que permita adaptarse a las necesidades emergentes y a las nuevas formas de atención que reclama una sociedad en continua evolución.

Los objetivos fundamentales de la ley son hacer que el interés por la infancia sea el principio rector de cualquier actuación pública y privada y lograr que cualquier intervención en materia de menores tenga en cuenta la perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre los niños y las niñas.

El texto hace hincapié igualmente en la atención y protección del menor como derecho subjetivo, asegurando que éste no pueda ser vulnerado por motivos presupuestarios. Del mismo modo, las políticas de atención y protección de la infancia no podrán desvincularse de las de protección social, económica y jurídica de la familia.

La futura ley establece también la distribución clara de competencias entre las diferentes administraciones paracrear y mejorar los sistemas de coordinación interinstitucional, y pretende promover la participación de la infancia en las decisiones de los poderes públicos.

El texto presentado hoy pone en acento en la necesidad de definir lo más claramente posible las situaciones de riesgo y desamparo, estableciendo actuaciones de atención, apoyo, prevención y protección de los menores.

La nueva ley propugna la creación de un sistema de acogida permanente para aquellos casos de niños que deban ser separados definitivamente de su familia biológica y no sea aconsejable una acogida de carácter preadoctivo.