Para ello, el texto establece tres criterios básicos que persiguen "un cambio de cultura en el sistema educativo catalán", según informa el Gobierno catalán.

El mayor apoyo de la administración educativa a los profesionales que trabajan en los centros y a los servicios educativos, un mayor reconocimiento social de los docentes, y el establecimiento de la evaluación del sistema son los tres criterios que se pretenden aplicar.

La ley establece también una mayor proximidad de la administración educativa a los ciudadanos destinatarios de las acciones del Departamento de Educación, que se plasma en la creación de las "zonas educativas".