Esta norma ha sido la primera iniciativa legislativa popular de lademocracia española que ha conseguido salir del Parlamento transformada en ley. Fue promovida por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que recogieron más de 800.000 firmas en cuatro años.

Para el presidente de los administradores, Manuel Roberto Enguídanos, se trata de una "gran ley" que transformará las comunidades de propietarios "en comunidades de vecinos donde primen las relaciones humanas".

Según cálculos del Consejo, los vecinos morosos deben a sus comunidades no mens de 30.000 millones de pesetas. La nueva ley prevé que la reclamaciones judiciales de estas deudas pueda tramitarse en dos meses, en vez de los dos años habituales hasta ahora. El juez estará habilitado, incluso, a embargar el piso o local, si persiste el impago.

En el caso de vecinos molestos, las nuevas normas permiten que estos individuos queden privados del derecho a utilizar su vivienda y local en caso de que hayan desoído las advertencias y requerimientos por periodos de hasta tres años.

Aimismo, la comunidades de vecinos tendrán que destinar obligatoriamente el 5% de sus presupuestos a constituir un fondo de reserva para hacer frente a gastos de conservación de los edificios.