La organización mantiene que el Gobierno marroquí y el Frente Polisario no han respetado algunos aspectos del Plan de Aplicación acordado en 1991 por Naciones Unidas, que proponía la celebración de un referéndum supervisado por la ONU.

Los informes que maneja AI revelan que centenares de personas de origen saharaui han sufrido detenciones y presiones por ser sospechosas de apoyar la independencia del Sahara occidental o por participar en protestas pacíficas. Asimismo, indican que numerosos saharauis arrestados por miembros de las fuerzas de seguridad marroquies entre 1975 y 1988 continuan desaparecidos, y más de 260 ex desaparecidos liberados en 1991, siguen sufriendo restricciones de circulación y de su libertad de expresión.

Amnistía Internacional asegura que las autoridades de Marruecos no han abierto ninguna investigación sobre cómo permanecieron recluidos hasta 16 años en detención secreta sin cargos ni juicio y reitera que a los arrestados se le ha negado ayuda humanitaria, la rehabilitación y las indemnizaciones a las que tienen derecho, e incluso algunos han vuelto a ser detenidos después de ponerles en libertad.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos también ha expresado sus preocupaciones por "los abusos del Frente Polisario, incluida la detención de presos de conciencia, la reclusión prolongada en régimen de incomunicación, la tortura y las muertes bajo custodia de presuntos opositores en los campamentos del Poisario en Tindouf".

AI ha pedido al Gobierno de Marruecos que garantice que todos los saharauis disfrutarán de su pleno derecho a la libertad de expresión, que informe a la ONU de los lugares en los que permanecen detenidos miembros de la población saharaui y que colabore con Naciones Unidas para liberar a todas las personas detenidas ilegalmente o por cargos que afectan a la libertad de expresión o de asociación.

Además, ha solicitado al Frente Polisario que permita la investigación de cualquierpresunta violación de derechos humanos, que despliegue los supervisores de policía civil previstos en el Plan de Aplicación y que no oponga resistencia a que Naciones Unidas acceda sin trabas a todas las zonas del Sahara occidental y a los saharauis detenidos en los campamentos del frente.