En marzo de este año los obispos católicos del país criticaron a través de una carta, que fue leída en las iglesias y de la cual se imprimiron 16.000 copias, el historial contra los derechos humanos del Gobierno y solicitaron una mayor democracia.

El poder declaró que el manifiesto era sedicioso y en la actualidad constituye delito poseer una copia.

Dirigentes del partido gobernante amenazaron públicamente a los obispos con la ejecución y la empresa que imprimió la carta sufrió un atentado con exposivos.

Entre las víctimas de la represión figuran decenas de oficinistas, miembros de grupos religiosos, estudiantes y sindicalistas

En ocasiones, las fuerzas de seguridad detuvieron a todo el personal de una oficina porque la policía sospechaba que habían sido utilizadas las fotocopiadoras para reproducir documentos en defensa del pluripartidismo. "Cualquier persona que tenga un fax puede sufrir el acoso de la policía debido a que se ha utilizado este medio para enviar mensajes antigubernamentales", aseguró Amnistía Internacional.

"El Gobierno ha adoptado algunas medidas para mejorar el respeto por los derechos humanos, y poiblemente son más de 60 los presos políticos puestos en libertad este año", señaló AI. "Sin embargo, las detenciones constantes restan valor a estas medidas. Tienen que acabar y el Gobierno debe dar los pasos necesarios para evitar estos abusos en lo sucesivo", añadió la organización.