En un comunicado, los notarios recuerdan que pasan de ser un sujeto colaborador de la justicia a un sujeto "obligado" a colaborar.

Así, tienen que identificar a los clientes, deben conservar durante 6 años los documentos relativos a operaciones de más de 30.000 euros y, en caso de que sean empresas, aclarar bien sus titulares o representantes, guardando copia de la documentación.

Deben también examinar operaciones que sean complejas, inusuales o sin un propósito económico o lícito aparente, y realizar un escrito con los resultados de su examen.

En concreto, deben analizar operaciones de gran volumen y aquéllas que no se correspondan con la actividad natural de éstos o con su operativa habitual; también cuando se produzcan movimientos con origen o destino en cuentas ubicadas en paraísos fiscales, y cuando así lo determinen, respecto de un concreto tipo de operaciones, los órganos competentes en materia de prevención de blanqueo de capitales.

En la comunicación que remitan a las autoridades deberán, además, explicar cualquier operación en la que exista indicio o certeza de su relación con el blanqueo de capitales, con los elementos de juicio sobre la cuestión.

Deberán actuar no sólo contra el blanqueo de capitales procedentes de bandas armadas, tráfico de estupefacientes o redes organizadas, sino a cualquier tipo de delito que pueda ser penado con más tres años de prisión.

Finalmente, se impone el deber de abstención para operaciones con riesgo de encubrir actuaciones de blanqueo de capitales e informar a los trabajadores de las notarías para detectar también estas operaciones.