Asimismo, agradeció al Gobierno el interés y la urgencia con que ha anunciado la adopción de medidas legislativas para subsanar las deficiencias que han dado lugar a la sentencia.

En una rueda de prensa ofrecida hoy tras la reunión de la Comisión Permanente del Consejo, Marqueño destacó la gravedad de que la sentencia ponga en entredicho la función de "control de la legalidad" que tienen los notarios y que perjudique gravemente las funciones de prevención del blanqueo de capitales y de lucha contra el fraude, en las que colaboran estos servidores públicos.

La sentencia del pasado 20 de mayo se dictó en relación al recurso interpuesto por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España contra diversos artículos del Reglamento Notarial.

El Tribunal Supremo declara nula la aplicación práctica del control de legalidad notarial en los términos previstos en dicho reglamento, basándose, indica el Consejo, "en motivos meramente formales", es decir, en la ausencia de ley.

"Ese fallo es contradictorio con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", que en 1999 dictaminó que "a los notarios, en cuanto fedatarios públicos, les incumbe el desempeño de su función notarial el juicio de legalidad", tanto sobre la forma como sobre el fondo.

El Ministerio de Justicia anunció el pasado día 30 que impulsará "con la mayor urgencia" las medidas legislativas precisas para subsanar las deficiencias que el Tribunal Supremo ha apreciado en la reforma del Reglamento Notarial.

ACATAR LA SENTENCIA

El Consejo considera que esta sentencia es fruto de un "excesivo formalismo", aunque asegura que todos los notarios la acatarán y aplicarán sus preceptos en tanto no se produzca la reforma legislativa anunciada por el Ejecutivo.

En ese tiempo, todos sus miembros tratarán de "minimizar" el "impacto de la sentencia", aunque hay aspectos como el de la consulta del archivo de revocación de poderes, que ha sido expresamente anulado por la sentencia, que no podrá evitarse.

Los notarios denuncian que gracias a esta sentencia, tendrán la obligación de refrendar cualquier documento, incluso aunque no se ajuste a la legalidad, con la única posibilidad de hacer una advertencia en ese sentido.

Particularmente "grave" es la anulación del archivo de revocación de poderes, que hasta ahora era consultado por lo notarios para asegurarse de que el poder no había sido anulado por el poderdante antes de cualquier transacción que pretendiera realizar el receptor de esa facultad.

Se trataba, por tanto, de una salvaguarda para garantizar los derechos del poderdante y que, en último extremo, evitaría un incremento de los litigios judiciales por uso fraudulento de esos poderes.

El Consejo General del Notariado vaticina que la aplicación de la sentencia provocará un incremento de los litigios, al dejar lagunas que pueden ser usadas por los defraudadores.

Marqueño aseguró que la organización que preside estudiará a fondo el contenido de la sentencia para decidir si existe alguna posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, aunque reconoció la dificultad de ese paso.

En su opinión, el recurso presentado por los registradores ha estado impulsado por el sector más "registradista, fundamentalista y retrógrado" de la profesión, con el único objetivo de asumir funciones que no tienen asignadas legalmente.

En todo caso, aseguró el presidente de los notarios, "nosotros siempre hemos huido y seguiremos huyendo de las luchas corporativas. A nosotros lo que nos interesa es aquello que pueda beneficiar los intereses de los ciudadanos y de la sociedad".