"La vigente normativa no asegura la protección porque, dado el actual estado de conocimiento, ninguna normativa puede asegurarlo, y simplemente se desconoce cuál es el umbral de seguridad", dice el Defensor.

"Si no hay evidencia precisa y unánimemente aceptada de la relación entre los campos electromagnéticos originados por las estaciones de telecomunicación y los daños a la salud, ningún nivel de protección podrá asegurar la protección", insiste.

Enrique Múgica dedica 15 folios de su último informe a hablar sobre esta cuestión y llega a esta conclusión, si bien reconoce que en España no ha tenido información sobre "ningún caso" de estaciones de telefonía móvil que superen los niveles reglamentarios de emisiones.

De hecho, según datos remitidos al Defensor del Pueblo por el Ministerio de Industria, en 2004 se redujeron un 35% las emisiones de este tipo de antenas.

OBSESION

No obstante, Múgica reitera que "la preocupación ciudadana persiste" y que el Defensor del Pueblo la tiene en cuenta aunque, en ocasiones, se hayan detectado casos de consumidores que denunciaban influencia negativa en su salud cuando las antenas de telefonía ni siquiera estaban funcionando.

De hecho, Múgica cita un informe del Ministerio de Sanidad, de finales del año pasado, en el que se concluye que no hay relación entre el uso de telefonía móvil o la cercanía de estas antenas con determinados cánceres.

Finalmente, el Defensor del Pueblo advierte que la mayoría de las quejas por las antenas de telefonía móvil no se refieren a sus emisiones, sino a su impacto medioambiental y los ruidos que provocan, y exige a los ayuntamientos a que obliguen a las compañías a cumplir también estos requisitos a la hora de conceder su instalación.