El Decreto contempla, por una parte, un código general basado en las normas éticas habituales en los mercados de Valores y aprobadas por la IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores), así como la obligatoriedad de que las sociedades que intermedian en el mercado elaboren reglamentos internos que regulen la actividad de sus empleados.

Fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores han dicho a Servimedia que se trata de "trasplantar las norma internacionales en materia de normas de conducta con el fín de dar mayor seguridad a los clientes e inversores finales".

En este sentido, el Decreto obliga a la creación de un registro de órdenes que pueda aportar datos ciertos en casos de conflictos o reclamaciones de los clientes.