En sus alegaciones, el abogado del Estado defendió que las asociaciones recurrentes, La Unión Judicial Independiente, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, no estaban legitimadas para impugnar el nombramiento.

Asimismo, consideró que la designación de Eligio Hernández era un acto político, por lo que no podía ser valorado por la Sala Tercea del Tribunal Supremo, que rechazó ambos argumentos.

Fuentes judiciales explicaron que, tras esta medida del Alto Tribunal, el abogado del Estado dispondrá de 15 días para contestar a los recursos de las asociaciones.

Posteriormente, si las partes lo piden, la sala podría abrir un periodo de prueba con el fin de demostrar si Hernández llevaba 15 años de ejercicio efectivo en la profesión de jurista cuando fue nombrado fiscal general del Estado, requisito imprescindible para esa designación y quemotivó la presentación de los recursos por las asociaciones, que consideran que no se cumple.

Finalmente, las partes dispondrán de otro plazo de 15 días para presentar sus alegaciones finales a favor o en contra del nombramiento, con lo que el procedimiento quedará concluso para que el pleno de la Sala Tercera vote si estima o no los recursos.

Aunque, según las fuentes consultadas, el pronunciamiento sobre la legalidad del nombramiento de Eligio Hernández podría prolongarse todavía varios meses, legando incluso hasta el verano, ya han comenzado a barajarse varios nombres para su sucesión.

Entre ellos figura el del presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, José Jiménez Villarejo, que fue el primer fiscal especial antidroga, y el del juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, que contaría con el apoyo de Baltasar Garzón.