Así lo anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó que esta reforma de la Ley de empleo forma parte de los hitos del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y responde a las recomendaciones formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), entre otros organismos.

Los objetivos de la norma son establecer un marco de ordenación de las políticas públicas de empleo, promover y desarrollar la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo y ofrecer nuevas herramientas a las personas trabajadoras, desempleadas y ocupadas, y a las empresas, para mejorar la calidad del empleo, la orientación y el acompañamiento.

En este sentido, Díaz dijo que se “cambia la mirada” para mejorar los datos de empleo, mejorar “la cualidad, la cualificación y la formación de toda la población asalariada de nuestro país”. De este modo, resaltó que las políticas de empleo estarán destinadas a toda la población activa y no solo a las personas desempleadas.

Se incorpora el “rigor” de los datos en las políticas activas de empleo y se introducen mecanismos para evaluar el funcionamiento de las políticas públicas. Además, se introduce “un nuevo derecho”, que será “la adecuada protección social”, de forma que los servicios públicos de empleo van a tener que asesorar e informar sobre todas las medidas que existen, aunque no sean de carácter estatal.

Se regula también una “cartera común de servicios” en todo el país y se favorece que en la Conferencia Sectorial de Empleo, formada por Gobierno y comunidades, se puedan adoptar recomendaciones para mejorar políticas que no estén “funcionando” adecuadamente y, al mismo tiempo, potenciar otras que sí estén dando frutos.

En materia de financiación, Díaz subrayó que hay proyectos que “no acaban el 31 de diciembre”, por lo que justificó que esta norma vaya a permitir que se pueda dar financiación hasta el 31 de marzo.

Igualmente, según explicó Díaz, las empresas estarán “obligadas” a comunicar las vacantes que tienen al servicio público de empleo, de modo que “cualquier ciudadano podrá comprobar dónde se está demandando empleo”. Asimismo, sostuvo que se van a respetar las “competencias constitucionales” de las autonomías, al tiempo que el todavía SEPE podrá rubricar convenios de colaboración con administraciones locales, lo que calificó como “vital”.