En la visita oficial de una semana realizada por el responsable de la política industrial española a la capital nipona, el interés por la reforma laboralque ha propuesto el Gobierno ha sido el eje central de todos los contactos con empresarios y organismos públicos de aquel país.

Según Moltó, "Japón está muy interasado en invertir en España, entre otras cosas porque necesitan reequilibrar su balanza con fabricación exterior que luego puedan importar, pero la rigidez del mercado laboral es el único obstáculo con el que se encuentran una y otra vez".

El secretario de Estado señaló que de los encuentros mantenidos con empresarios japoneses, "los de issan han sido los que mayor interés han demostrado por la reforma", y agregó que la principal preocupación para su filial española, Nissan Motor Ibérica, es poder redimensionar sus plantillas y utlizarlas en varias líneas de producción, con el fín de que las soluciones aportadas sean duraderas".

"La impresión que he sacado", afirmó a Servimedia, "es que seguirán con las inversiones en España con ese condicionante, por lo que hemos realizado todos los esfuerozos a nuestro alcance para convencerles de ue la reforma laboral que ha propuesto el Gobierno se va a mantener, incluso con el 90 por cien del apoyo parlamentario".

El "Plan Nissan", que prevé el saneamiento de la empresa mediante una "operación acordeón" y un calendario de inversiones que rondaría los 33.000 millones de pesetas en 1996, comprende, a su vez, una reducción de plantilla excedentaria 970 trabajadores, después de haber llegado a acuerdos individuales con unas 400 personas, para que se prejubilen a los 58 años o abandonen la empres voluntariamente.

Las estimaciones realizadas para elaborar el plan de Nissan Motor Ibérica cifran en unos 40.000 millones de pesetas las pérdidas registradas en el ejercicio de 1993, que elevan las acumuladas a 65.000 millones, y a las que se sumarán otros 28.000 millones de pesetas en 1994 y 6.000 más en 1995.

Además, la fialial española de Nissan soporta un endeudamiento de unos 200.000 millones de pesetas. De esta cantidad, 100.000 millones de pesetas proceden del pasivo finaciero por bancos 100.000 millones) y la propia casa matríz (50.000), mientras que el resto, otros 50.000 millones, correspondería a las deudas con las administraciones públicas y los proveedores.