Castelao indicó a Servimedia que "habría que esperar a que se apruebe la ley para saber en qué términos se pronuncia" la norma y, entonces, plantear si podría "considerarse inconstitucional" al existir un conflicto de derechos.

En este sentido, Castelao explicó que se entraría en "un conflicto" entre el derecho que tienen los funcionarios de acogerse a la objeción de conciencia, regulada por el artículo 16 de la Constitución Española, y negarse a aprobar la unión entre dos personas del mismo sexo, y el derecho de los ciudadanos homosexuales a exigir el cumplimiento de la ley que les permite contraer matrimonio.

Ante esta situación, el experto en derecho administrativo aclaró que "serían los tribunales" quienes deberán establecer una solución ante tal conflicto.

No obstante, prosiguió Castelao, se "podría evitar" llegar hasta tal punto, puesto que los alcaldes pueden delegar en sus funciones, y que quien celebre la ceremonia sea otra persona del consistorio "que no tenga reparos", puesto que "ningún alcalde está obligado a ejercer competencias que sean delegables de una manera personal".

Castelao agregó que existen diferentes resoluciones, como la del año 83 del Parlamento Europeo, el artículo 18 de la Carta Universal de los Derechos Humanos del año 1948 y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que regulan el derecho a la objeción de conciencia.