Reconoció, sin embargo, que medió ante el Ejecutivo para que variara la ley, pero siempre, dijo, ejerciendo el "poder de recomendación" que le confiere la legislación que regula su cargo.

Gil-Robles hizo estas afirmaciones en su primera comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo pra explicar este asunto, a petición de Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU).

Los portavoces de ambos grupos parlamentarios en la comisión, Rogelio Baón y Cristina Almeida, respectivamente, recalcaron en sus intervenciones que, aunque sea cierto que no hubo pacto, la secuencia de los acontecimientos ha dejado en la opinión pública una "sombra" de duda. "Usted ha mantenido una actitud imprudente y carente de rigor", le reprochó Baón.

Esa secuencia de los acontecimientos se inició en los primros días de enero, cuando los medios de comunicación informan de que Alvaro Gil-Robles considera que la "ley Corcuera", tal como la quiere el Gobierno, es inconstitucional y, por lo tanto, se ve obligado a presentar recurso de inconstitucionalidad si no se cambian los artículos 20.2 y 21.2.

En su primitiva redacción, el primero de ellos hacía referencia a la posibilidad de que un ciudadano sea llevado a comisaría para ser identificado y el segundo, a la posibilidad de que las fuerzas de seguridad entrn en un domicilio cuando tengan "constancia" de que se está cometiendo un delito de narcotráfico.

La redacción de ambos artículos fue cambiada un mes después, en virtud del pacto al que llegaron el PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes, pero PP e IU no se dieron por satisfechos e insistieron en que el Defensor del Pueblo debía presentar recurso de inconstitucionalidad.

Argumentaban entonces que la policía sigue teniendo "patente de corso" para dar una "patada en la puerta" de los domicilios porque que los agentes necesiten "conocimiento fundado que les lleve a la constancia" (en lugar de "constancia" sólo) no es sinónimo de percepción física del delito.

Ante la negativa de Gil-Robles a recurrir ante el Tribunal Constitucional, el PP le calificó de "asesor jurídico altruista" del Ejecutivo del PSOE. Gil-Robles, afirmó el portavoz del partido en el área Jurídica, Federico Trillo, está "instrumentalizado" por los socialistas.

"PODER DE RECOMENDACION"

Hoy, Alvaro Gil-Robles explicó ala Comisión Mixta Congreso-Senado que lo único que hizo hace seis meses fue recordar al Gobierno que en toda regulación de la actuación policial, "que afecta a todos los (derechos) ciudadanos", debe primar la "inmediatez" en la entrada sin mandamiento judicial a los domicilios.

"Me daba igual cuál fuera la fórmula jurídica que se usase, pero que quedase claro ese principio", explicó.

En su opinión, eso no significa que llegara a pacto alguno con el Gobierno en reuniones "clandestinas" o "secretas que dieran lugar a "acuerdos espúreos ni cosas por el estilo que haya luego que sacar en cintas magnetofónicas".

"Si ustedes recuerdan mi comparecencia del año pasado", explicó, "hablé del binomio libertad-seguridad y de que me preocupaba ese problema (...) Y después, cumpliendo la esencia de lo que es la institución, ejerce el poder de recomendación, de maneral sumaria: diciendo, en función de los intereses de los ciudadanos, lo que cree que es esencial que se deba tener en cuenta (para elaborar unaley) en un momento determinado".

Gil-Robles concluyó asegurando que no hubo "ni trampa ni cartón" en su actuación. Respecto a las insinuaciones de partidismo a favor del PSOE, por sus reiteradas visitas a los miembros del Ejecutivo, comentó que "malo sería" que entre las dos instituciones no hubiera fluidez de diálogo.