Para ello, NI quiere introducir un nuevo apartado en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, según el cual el Gobierno tendría tres meses para contestar al informe anual, después de que éste haya sido presentado ante las Cortes.

Este nuevo artículo instaría además al Gobierno a dar cuenta "desu posición respecto de las sugerencias, recomendaciones y recordatorios formulados por el Defensor del Pueblo, así como de las valoraciones que de aquéllas se desprendan."

Asimismo, la proposición de Ley Orgánica presentada por NI contiene una disposición transitoria en la que se requiere al Gobierno la presentación en tres meses de un informe "pormenorizado" por Departamentos Ministeriales y Organismos dependientes de la Administración General del Estado.

En ese informe, el Ejecutivo debería da cuenta detallada del grado de ejecución material de las principales recomendaciones y sugerencias formuladas por el Defensor del Pueblo durante los dos últimos años, así como de las actuaciones derivadas de los recordatorios de deberes legales y advertencias formuladas en este período.

Nueva Izquierda considera "indispensable" que la tramitación institucional del informe anual del Defensor del Pueblo no se limite al acto que supone la presentación anual del mismo ante las Cámaras, por lo que consider que se debe complementar con la participación del Gobierno.

NI pretende con ello "dotar a las Cámaras de un método que permita que el Gobierno comparezca ante ellas para dar explicaciones de lo que el cuidadano, a través del informe del Defensor del Pueblo, señala que "no funciona" de forma que la presencia del informe en la Cámara no se reduzca a un expresión "ritual o formal".