En rueda de prensa en el Congreso, Cristina Almeida y Joan Saura coincidieron en que el "caso Pinochet" ha agravado la pérdida de credibilidad del Ministerio Fiscal, y acusaron a sus máximos responsables de "seguir las consignas" del Ejecutivo.

Ambos hicieron un recorrido por las situaciones "nefastas y desgraciadas" del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, desde su nombramiento hasta sus intentos de "hacr todo lo posible" para que la justicia española no fuese competente en los casos de las dictaduras militares de Chile y Argentina.

Junto a las críticas a estas opiniones, consideraron "escandaloso" el "silencio sepulcral y antimoral" en este asunto del presidente del Gobierno, a quien acusaron de "esconderse detrás de la Justicia para no dar su opinión política" sobre estas dictaduras.

Aunque estos acontecimientos den actualidad política a su iniciativa, Almeida y Saura recordaron que llevan mucos meses pidiendo la modificación del artículo 29 del Estatuto Fiscal para que el fiscal general no sea "el abogado del Gobierno" y garantizar que cumple sus funciones constitucionales.