Una vez constatada la ruptura definitiva de las conversaciones entre el Ejecutivo y el PP, por la negativa de este último a pactar la renovación del Consejo si el Gobierno no renuncia a modificar la tipificación penal del de lito de sedición, los vocales consideran “imprescindible” recuperar los encuentros para tratar de consensuar el nombramiento de los dos magistrados del TC cuya propuesta corresponde al CGPJ.

De hecho, la comisión negociadora para el nombramiento de los dos magistrados del TC que corresponde al CGPJ, integrada por los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart (sector conservador) y por Roser Bach y Álvaro Cuesta (sector progresista), reanudará este mismo jueves sus trabajos con una primera reunión que tendrá lugar a las 16.00 horas.

Previamente, ambos grupos han mantenido sendas reuniones. Los vocales Bach y Cuesta han indicado después que “tras una profunda deliberación y un riguroso examen del currículo de los aspirantes, este grupo de vocales ha acordado por amplia mayoría respaldar la candidatura del magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, con más de diecinueve años de experiencia en el alto tribunal, para ocupar una de las dos plazas de magistrado del Tribunal Constitucional que corresponde designar al CGPJ, expresando su respeto y reconocimiento al resto de los candidatos”.

Por su parte, el grupo conservador de vocales del CGPJ, en el que estaban incluidos ocho miembros, a los que ahora se ha sumado Wenceslao Olea, se reunió la pasada noche en la sede del CGPJ, de manera presencial y telemática, tras lo cual han difundido un comunicado.

En él, explican que “habida cuenta de la situación generada por la ruptura de las negociaciones entre los partidos políticos para la renovación del CGPJ, se hace urgente adoptar medidas para paliar la situación provocada como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial” que limita las facultades del Consejo cuando esté en funciones.

Según dice, esta norma impulsada por el Gobierno y aprobada en abril de 2021 “nos impide cumplir con una parte sustancial de nuestras funciones constitucionales y, entre ellas, las relativas a nombramientos de cargos judiciales”. Y añaden que en los próximos días se formularán "las propuestas concretas a la vista de la información que se facilite” por el Servicio de Inspección del CGPJ con el objetivo de, en la medida de lo posible, "recuperar el funcionamiento normal del CGPJ y de la Administración de Justicia”.

Este grupo considera “imprescindible” que el Gobierno “reconsidere” el mantenimiento de la citada ley, a la vista de “los perjuicios que está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y la lesión del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva” y solicita la “derogación” de la norma.

Igualmente, asume como “imprescindible” que se recuperen los “encuentros con los interlocutores para consensuar el nombramiento de los dos magistrados del TC cuya propuesta corresponde al CGPJ”. Y anuncia que en los próximos días “se llevarán a cabo los contactos para determinar los candidatos posibles que los nueve vocales del grupo consideren más adecuados y que expresen su disponibilidad a participar en el proceso de selección”.

Esta decisión de retomar las negociaciones es la constatación de que el actual Consejo asume que continuará en funciones durante varios meses, por lo que ahora su empeño se centra en garantizar su funcionamiento. En esta línea, la flexibilización de la postura del grupo conservador ha permitido que el nombre de Bandrés se ponga sobre la mesa. Su designación necesita de 11 votos para salir adelante y a tenor de los últimos contactos entre ambos grupos parece que esos apoyos están garantizados.

Ahora, el sector conservador tiene que ponerse de acuerdo en su candidato, y ambos deberán ser votados en el pleno del CGPJ. Una vez se designe a estos dos nuevos miembros del TC, el Gobierno podrá elegir a sus dos candidatos y el Constitucional pasará a tener una mayoría progresista.