Con esta proposición, aprobada por unanimidad por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, se insta al Gobierno a promover en el plazo máximo de un mes las reformas necesarias de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para que las personas con enfermedades crónicas y electrodependientes, como las personas con Enfermedad Renal Crónica que se dializan en sus domicilios, puedan acceder a la energía con ayudas o bonificaciones.

“Valoramos muy positivamente que se haya aprobado esta proposición en la Comisión de Sanidad del Congreso para que se pongan en marcha medidas que puedan ayudar a sufragar los costes de la electricidad de estas personas, de modo que no tengan que pagar por el sobrecoste de la luz, especialmente con los altos precios que están alcanzando en los últimos meses”, señaló la doctora Patricia de Sequera, presidenta de la Sociedad Española de Nefrología.

En un paciente electrodependiente, como los pacientes renales en tratamiento domiciliario, la escalada del precio de la luz supone un incremento medio de 30 a 60 euros al mes, unos 600 euros anuales, según un comunicado de ambas instituciones. En febrero de este año, el precio medio de la electricidad fue de 200,23 euros/MWh, un 80% superior al de todo 2021.

“La regulación eléctrica actual establece un precio diferente según la hora del día, lo que ha hecho que los pacientes renales, temerosos de que la factura de luz se incremente, realicen su tratamiento en horas muy tempranas o poco habituales, alterando su ritmo de vida diario”, explicaron.

Según los especialistas, algunos pacientes están rechazando la opción del Tratamiento Renal Sustitutivo a través de técnicas domiciliarias debido al coste de la luz. Esta situación preocupa a los profesionales de la Nefrología. “Para algunos pacientes recibir la diálisis en casa es un lujo que no se pueden permitir y los costes eléctricos ya están suponiendo una nueva barrera para el acceso a esta técnica”, afirmó la doctora Patricia de Sequera, quien destacó que “los tratamientos domiciliarios tienen indudables beneficios no sólo en los pacientes, sino también en el sistema sanitario: son más flexibles, requieren menos inversión de infraestructura inicial, menos presencia en el hospital y menos personal”.

Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional Alcer, concluyó que “es una medida absolutamente necesaria, que fomenta la equidad entre los distintos tratamientos renales sustitutivos como la diálisis. Con los actuales precios de la energía, el colectivo de pacientes renales con técnicas domiciliarias es especialmente vulnerable, y al ser un tratamiento incluido en la cartera de servicios del Sistema Público de Salud, no puede costarles ni un solo euro realizar el tratamiento de diálisis en sus propios hogares”.