Según destacó en una nota la Comunidad Foral, Navarra cuenta desde 2002 con una de las normativas españolas y europeas "más favorables" al ingreso de personas con discapacidades en su función pública.

Así, la ley foral 16/2002 reserva un 5% de la oferta pública de empleo a personas con discapacidad, además de dictar otras medidas de preferencia para este colectivo a la hora de elegir vacantes o contratarles temporalmente.

Sin embargo, reconoce el Gobierno que preside Miguel Sanz, por varios motivos, como la elección de las plazas reservadas, dificultad de las pruebas de acceso o problemas de adaptabilidad para ciertas discapacidades, "la realidad ha demostrado en estos últimos años que estas reservas (...) no siempre son optimizadas por el colectivo de personas con discapacidad".

Con la creación de una Comisión Mixta de promoción del acceso al empleo de las personas con discapacidad, órgano colegiado de carácter asesor adscrito a la Dirección General de Función Pública, el Gobierno navarro persigue lograr la efectiva cobertura del mayor número de vacantes posibles de entre las reservadas a personas con discapacidad.