Estos motivos de exclusión social pueden ser un poblema de desempleo, de falta de preparación laboral o de salud. Una vez tramitada positivamente la solicitud de renta básica, los beneficiarios tendrán un plazo de dos meses para pactar un acuerdo de incorporación social con los servicios sociales, que recogerá el itinerario de inserción.

Este contrato compremete a ambas partes. Por un lado, la Administración se obliga a poner determinados recursos a disposición del excluido y éste se propone aprovechar estos recursos sociosanitarios o formativo-laboales.

El acuerdo podrá ser modificado según las circunstancias que concurran en cada caso y también podrá ser resuelto, bien por haberse conseguido los objetivos fijados o bien porque el beneficiario no cumpla los compromisos adquiridos.

Asimismo, los criterios de percepción de la renta básica se flexibilizan para incentivar el acceso laboral de sus beneficiarios también a empleos poco remunerados, de modo que se compatibiliza el cobro de parte de la renta con sueldos bajos. También cabe la posiblidad de capitalizar los cobros correspondientes a 18 ó 24 meses para impulsar proyectos de autoempleo.

La renta básica de Navarra puede oscilar desde un mínimo del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (69.270 pesetas mensuales) hasta un tope del 125% del SMI por beneficiario.