Eguiagaray declaró a Radio Nacional que "estamos bastante cerca de encontrar un acuerdo", en el que el objetivo principal es mantener Astilleros en condiciones de rentabiidad y con "un menor ajuste del inicialmente previsto en términos laborales y con el mantenimiento de todos los centros de trabajo abiertos".

El secretario del comité de empresa de Astilleros en Cádiz, Angel Naranjo, indicó a Servimedia que la plantilla de las factorías andaluzas han acogido con optimismo este avance en las negociaciones, pero mostró también su cautela ante el mismo, ya que ahora "estamos en el principio del buen camino".

Naranjo destacó que "habrá que seguir negociando y concretndo algunos puntos que aún no han quedado del todo claros, sobre todo las cantidades económicas que recibirán los empleados que se acojan a las bajas incentivadas o voluntarias".

Por su parte, los trabajadores de Puerto Real, pese al optimismo inicial tras el principio de acuerdo de Madrid, han optado por mantener sus movilizaciones de los próximos días, hasta que el acuerdo no sea definitivo.

"No nos vamos a cruzar de brazos ahora que ya se ha comenzado a negociar bien, hasta que no exista clariad total en lo firmado no vamos a dejar de presionar para que se nos tenga en cuenta", indicó a Servimedia un portavoz sindical.

En este sentido, el ministro Eguiagaray consideró que ya "ha habido más incidentes de los necesarios y algunas expresiones han estado muy lejos de la lucha sindical y más cerca de la delincuencia común".

El titular de Industria explicó la situación de la producción en los astilleros españoles, en los que en la construcción de un barco "por cada 100 pesetas invertidas, 5 son de ayudas públicas", y precisó que en el futuro "en las nuevas contrataciones no será posible seguir aplicando el esquema de primas y subsidios a la construcción naval hasta ahora vigentes".

De todas maneras, insistió en la posibilidad de "un acuerdo lo menos traumático posible, con el menor número de despidos o incluso sin ellos, mediante un ajuste asentado en prejubilaciones y bajas voluntarias", y abogó por que "detrás del mismo haya un esfuerzo serio por la viabilidad, que se puede conseguirpesar del mucho dinero de su coste", que cifró en 180.000 millones de pesetas.