Mientras la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha expresado su oposición a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspend a los tres magistrados, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) defiende la capacidad del órgano de gobierno de los jueces para tomar esta decisión.

El portavoz de JpD, Miguel Carmona, declaró a Servimedia que la suspensión de los jueces no debe producirse por el simple hecho de haber sido admitida a trámite la querella, y considera que se equivocan quienes interpretan esto del artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las actuaciones judiciales contra los miembros d la judicatura.

Por este motivo, Carmona pidió el "suficiente grado de sentido común y de coraje cívico para poner las cosas en su sitio" y para que no se suspenda a los miembros de la Sección Cuarta.

En este sentido, argumentó que, como el fiscal es parte en todos los sumarios, tendría que recusar a la Sección Cuarta "en todos los procesos en los que interviene, lo que puede dar lugar a una situación lamentable. Si no, entramos en el camino absoluto de la incoherencia, porque si hay parcialidad especto a un fiscal de un proceso, lo hay en todos porque en todos interviene el fiscal".

"El fiscal no es sólo parte del proceso de la 'Operación Temple', sino en todos los procesos penales. Por una coherencia elemental, tendrá que recusar al tribunal en todos los procesos", concluyó.

APM

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Suárez, manifestó que la Comisión Disciplinaria del CGPJ tiene la "capacidad legal" de ordenar la suspensión de losmagistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.

En declaraciones a Servimedia, Suárez aportó su punto de vista sobre la duda legal que se ha abierto sobre si el máximo órgano de gobierno de los jueces tiene la capacidad de suspender a estos magistrados una vez admitida la querella presentada contra ellos por la Fiscalía o es necesario esperar a que el juez instructor del caso detecte "indicios de criminalidad".

Para el portavoz de la asociación mayoritaria de jueces, la admisión de la uerella es suficiente para que el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar la suspensión de estos magistrados, contra los que se ha abierto una investigación tras su decisión de dejar en libertad al narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría.

Suárez insistió en que es el Consejo el órgano competente para acordar la suspensión de los magistrados, algo que no puede hacer el Tribunal Supremo. "Si existiese ya un juicio y una condena, se les podría imponer la inhabilitación, pero la suspensión es ua medida cautelar que sólo corresponde tomar al CGPJ", explicó.

El magistrado no quiso pronunciarse sobre la decisión del Consejo, que "hará lo que considere más adecuado", pero recalcó, en cualquier caso, que la presunción de inocencia rige no sólo en los procesos judiciales, sino también en los casos disciplinarios.