En una resolucin hecha pública hoy, la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decreta que los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero sean sustituidos, en el macrojuicio por la "Operación Temple", por los magistrados Francisco Castro Meije, Angela Murillo Bordallo y José Ricardo de Prada Solaesa.

La resolución está firmada por Francisco Castro Meije, quien sustituye temporalmente al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, de baja por enfemedad.

La sustitución de Cezón, López Ortega y Ollero se produce 24 horas después de que estos tres magistrados decidiesen abstenerse del juicio por la "Operación Temple", debido a que el Tribunal Supremo había admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra ellos por un presunto delito de prevaricación.

La abstención de estos tres magistrados deberá ser aprobada por la próxima Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Si, como parece probable, se acepta la reuncia de los tres jueces en el "caso Temple", los tres sustitutos se harán cargo definitivamente del macrojuicio, según explicaron hoy fuentes del órgano que preside Carlos Dívar.

Según las mismas fuentes de la Audiencia Nacional, si la Sala de Gobierno no aceptase la abstención de Cezón, López Ortega y Ollero, estos volverían a hacerse cargo del juicio, sin perjuicio de que las partes personadas en el caso les recusasen.

Asimismo, indicaron que la abstención de estos tres magistrados prevalece sbre la recusación presentada el pasado viernes por la Fiscalía Antidroga contra ellos al haberse admitido a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Fiscal se querelló contra los tres magistrados por un delito de prevaricación presuntamente cometido al dejar en libertad, bajo fianza de cinco millones de pesetas, a uno de los narcos que iba a ser juzgado, Carlos Ruiz de Santamaría, alias "el Negro", quien aprovechó su nueva situación para desaparecer.

La puesta en liberad e inmediata fuga de Carlos Ruiz de Santamaría se produjo en contra de la opinión de la Fiscalía Antidroga y cuando apenas quedaban un par de semanas para la celebración del juicio, en el que se enfrentaba a una petición de 60 años de cárcel y 69.000 millones de pesetas.

Los magistrados basaron su decisión de excarcerlar a este procesado en el informe psiquiátrico, según el cual Ruiz de Santamaría corría el riesgo de suicidarse si continuaba en la prisión.