El informe fue estudiado el pasado martes, 29 de enero, por los miembros de la Comisión Permanente, quienes decidieron no tomar ninguna decisión al respecto y dejarlo en manos del pleno del CGPJ.

El informe de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Jesús Cardenal, sostiene que la admisión a trámite en el Tribunal Supremo de la querella presentada por el Ministerio Público contra los tes magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hace necesaria su suspensión.

En su escrito, la Fiscalía General del Estado argumenta que "la no suspensión de los magistrados querellados daría lugar a la sucesiva recusación", tal como prevé el artículo 54.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho artículo prevé como motivo de recusación contra un magistrado el "estar o haber sido denunciado o acusado como autor, cómplice o encubridor de un delito o como autr de una falta".

El Tribunal Supremo investiga la querella presentada por el Ministerio Fiscal contra Ollero, López Ortega y Cezón por un delito de prevaricación presuntamente cometido al dejar en libertad, bajo fianza de cinco millones de pesetas, a uno de los 37 supuestos narcotraficantes que iba a ser juzgado por la "Operación Temple", Carlos Ruiz de Santamaría, alias "El Negro", quien aprovechó su nueva situación para desaparecer.

El caso abierto contra los tres magistrados de la Sección Cuara de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se está investigando por dos vías, la penal (en el Tribunal Supremo) y la disciplinaria (en el Consejo General del Poder Judicial).

La Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió el pasado 17 de enero abrir un expediente disciplinario a Cezón, López Ortega y Ollero por una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consistente en la desatención de sus funciones jurisdiccionales.